La presidenta Cristina Fernández instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos a presentar en la Justicia el informe sobre la venta de Papel Prensa para que investigue si en esa transacción, realizada en 1976, se cometió un delito de lesa humanidad, y pidió ser parte querellante, según publica hoy el Boletín Oficial.

En el mismo decreto que lleva el número 1210, la mandataria ordenó también a la Procuración del Tesoro nacional que intervenga en las causas relacionadas con supuestas prácticas desleales y actividades monopólicas, abuso de posición dominante y perjuicios al Estado Nacional en su carácter de socio de la compañía.

La norma, firmada por la Presidenta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, solicita que se ponga a disposición del Poder Judicial el informe que el Gobierno denominó "Papel Prensa S.A, la verdad", elaborado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El informe. En ese documento, difundido el martes pasado durante un acto en la Casa Rosada por cadena nacional, el Ejecutivo acusó a los adquirentes de Papel Prensa en 1976, Clarín, La Nación y La Razón, en "complicidad" con la dictadura, de haber "extorsionado" a la familia de David Graiver -muerto en un accidente en México- a que vendiera las acciones de esa empresa, presuntamente a un precio vil.

Mediante el decreto 1210, la mandataria le pide a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, que intervenga como parte querellante "en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma 'Papel Prensa S.A.' y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación".

En sus considerandos, la norma argumenta largamente sobre la vinculación que dice observar entre la venta de Papel Prensa, hace 34 años, y las prácticas enmarcadas en el terrorismo de Estado.

"Tal como surge del informe 'Papel Prensa S.A, la verdad', elaborado de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Comercio Nº 126/10, las autoridades de facto adoptaron la determinación, al conocerse la muerte del señor David Graiver, de disolver el grupo económico que aquél encabezaba, obligando a sus herederos a transferir las empresas que lo conformaban", señala uno de los considerando.

Según la resolución, "la voluminosa documentación" recabada "permite demostrar que Lidia Elba Papeleo de Graiver, Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Isidoro Graiver, Rafael Ianover, Lidia Brodsky de Graiver y Jorge Rubinstein -más allá de que este último falleciera en cautiverio-, fueron privados ilegítimamente de su libertad ambulatoria, encuadrándose la situación de los mismos en la figura del delito de lesa humanidad".

Otro de los párrafos señalan que el documento elaborado por el secretario Moreno "consideró demostrado que la compraventa de acciones (de Papel Prensa) se ha tratado, en realidad de un acto ilícito con la presunta forma de un contrato, obtenido a través del uso irresistible de la violencia ejercida por el aparato del Estado en su forma de 'Terrorismo de Estado'".

"Respecto de las transferencias de acciones llevadas a cabo en su oportunidad, se ha probado palmariamente que no se trató de un negocio jurídico, pues el mismo requiere la expresión libre de la voluntad, la existencia de cosa cierta y determinada y no debe efectuarse a precio vil", se agregó.

El párrafo siguiente añade: "Todo ello teniendo en mira un mismo propósito: asegurar para la Junta Militar entonces gobernante la impunidad informativa y, para los tres mencionados diarios, la propiedad de las acciones de Papel Prensa S.A".

"A tal fin, debe recordarse que la Junta Militar decidió que el denominado 'Grupo Graiver' debía transferir el paquete accionario clase 'A' de 'Papel Prensa S.A' a los diarios Clarín, La Nación y La Razón" y que "en virtud de esa determinación, el 2 de noviembre de 1976 se firmaron los boletos de compra-venta entre los integrantes del Grupo y Fapel SA", se destacó.