La Cámara de Senadores dio hoy media sanción en general por unanimidad al proyecto para reglamentar el Acceso a la Información Pública, cuyo tratamiento en particular del articulado fue pospuesto hasta el 30 del corriente mes con miras de lograr consenso sobre su contenido.
   
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Nicolás Fernández, consideró el Acceso a la Información como "un derecho humano fundamental que debemos garantizar entre todos" y afirmó que "acordar en el Parlamento temas como este, que en definitiva tiene mandato constitucional, es un sinónimo de madurez política y de calidad institucional".
   
Básicamente, la iniciativa establece que "toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna" y esto "no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten" por parte de funcionarios del Gobierno.
   
Empero, como hasta el momento el articulado del proyecto no generó el consenso necesario, Fernández confió que para fin de mes se consiga tener "un dictamen de mayoría en particular para completar su media sanción y girarlo a la Cámara de Diputados.  
   
El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, respaldó la aprobación en general el proyecto y adelantó, entre las disidencias que plantea en particular, la conveniencia de
considerar el dictamen que sacó de comisiones la oposición en la Cámara de Diputados en lo que se refiere a las excepciones al acceso en la información, al tiempo que marcó la necesidad de que haya autoridad de aplicación de la ley en cada poder del Estado.
   
Morales confió que las diferencias se zanjen antes que se trate en el recinto el articulado de la iniciativa, la cual -destacó- avanza en lo que es "el principio activo de publicidad de la información".
   
En el debate, de más de cuatro horas, se coló el rol de la prensa en la formación de la agenda política y el jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, expresó que "es un fenómeno de las democracias modernas".
   
A su vez, el senador Samuel Cabanchik (Buenos Aires Federal), sostuvo que "una ley de libre acceso a la información pública va a ser un instrumento que le va a permitir a la sociedad en su conjunto crecer y dejar atrás la minoría de edad en que lo pone el secreto".
   
Una voz crítica del proyecto fue la de la cívica porteña María Eugenia Estenssoro, quien en vista de recientes actos del Poder Ejecutivo de "recortar el acceso a la información publica", dijo que la responsabilidad del Senado es "asegurar que vamos a impulsar y debatir una buena ley, no cualquier ley".
   
En ese marco, la senadora discrepó con la propuesta que hace el dictamen que apoya el oficialismo en cuanto a la autoridad de aplicación de la ley y dijo no entender "por qué el apuro" para tratarlo en general cuando no se sabe "si vamos a poder encontrar consenso en los puntos críticos", dijo.
   
También planteó la necesidad de que la aplicación de la ley de Acceso a la Información cuente con una autoridad de aplicación "independiente" la senadora puntana Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal).
   
En tanto, Nicolás Fernández, miembro informante del oficialismo, estimó "un antecedente valioso la media sanción que el Senado tuvo en 2004" del proyecto, cuando la comisión era presidida por Cristina Fernández de Kirchner, pero que finalmente no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.
   
Además, resaltó la apertura a la información pública habilitada por un decreto dictado durante el gobierno de Néstor Kirchner, el cual hace que "haya 155 agentes del Estado público cumpliendo y haciendo el trabajo para cumplir con el acceso a la información. Esto ha sido destacado por organismos no gubernamentales", añadió.
   
Sonia Escudero (Peronista Federal), en cambio, atribuyó al gobierno de Kirchner la "decisión política" que tomó en 2004  para "que no hubiera Acceso a la Información" y dijo que lo que en su momento había votado el Senado era "distorsivo de lo que debía ser Información Pública".
   
Al comienzo de la sesión, que preside el titular de la Cámara, Julio Cobos, se acordó posponer para la próxima sesión del cuerpo el tratamiento de una modificación del Código Penal en lo que se refiere a la desaparición forzada de personas.