Sólo quedarían fuera de la medida los plazos fijos, las acciones y los bonos que sí cotizan en el mercado financiero, aunque sólo en el caso de que sus titulares sean residentes, indicaron fuentes del sector. Ocurre que el propio titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, expresó que al Gobierno le "preocupa llegar a cumplir la meta de recaudación presupuestada" para 2012, en medio de un contexto internacional complicado por la crisis financiera. Para este año, está previsto que la AFIP recaude un 23 por ciento más que en 2011, cuando la entidad embolsó 540.134 millones de pesos, con una mejora del 31,8% frente a 2010, según datos oficiales. Es decir, la meta del 23% implica que la AFIP debe asegurarse una recaudación superior a los $ 664.000 millones. En este marco, Echegaray estudia enviar al Congreso nacional -donde el kirchnerismo es capaz de conseguir quórum propio- un proyecto de ley para impulsar una reforma impositiva que permita gravar parte de la renta financiera, como parte del impuesto a las Ganancias. La idea de la AFIP, que bautizó la iniciativa con el nombre de "Plan Antievasión III", es que se graven los beneficios derivados de la compraventa de acciones, bonos u otros títulos, al igual que valores que no coticen en bolsa. La medida -en algunos casos- afectaría todos los titulares de estos instrumentos financieros, sean residentes o no. Así, la entidad recaudadora se las ingeniaría para cobrar impuestos sobre la venta de bienes que se transfieren como parte de un patrimonio de acciones. En el caso de la compraventa de acciones y bonos que cotizan en bolsa, la medida sólo se aplicaría en el caso de operaciones que involucren a no residentes. Los fideicomisos también están bajo la lupa, al igual que las operaciones efectuadas en los denominados "paraísos fiscales", en tanto la reforma impositiva que impulsa la AFIP también abarcaría a los quebrantos. Por último, los papeles que no cotizan en bolsa correrían la misma suerte, a diferencia de los plazos fijos, las acciones y los bonos que sí cotizan en el mercado financiero, que quedarían fuera de los alcances de la medida, en el caso de que los titulares residan en el país.