BUENOS AIRES. - Cablevisión, la compañía de televisión por cable del Grupo Clarín, dio marcha atrás y restituyó el servicio a Mirta Maldonado, una usuaria (que además es lectora de Tiempo Argentino) que se negó a pagar la tarifa de $ 160 que estableció de forma unilateral la empresa y, en cambio, desembolsó los $ 116 que fijó la Secretaría de Comercio Interior para el abono básico de cable de todo el país.

De esta manera, se produjo un quiebre en la política de Cablevisión, que hasta ahora se había negado sistemáticamente a reconocer cualquier decisión oficial que afectara sus intereses y beneficiara a los usuarios, llevando cualquier diferendo en este sentido al campo judicial.

El cambio de conducta de la empresa surgió a partir de la resolución de Comercio Interior en la que le advierte a Cablevisión que le aplicará la Ley de Abastecimiento en caso de no restablecer el servicio a aquellos usuarios a los que se interrumpió porque se negaron a pagar la tarifa con aumento.
La Ley de Abastecimiento establece duras sanciones económicas e incluso la prisión para los directivos que se nieguen a acatarla.

Esta norma también le da potestad a las autoridades de realizar clausuras preventivas e incluso, en un caso extremo, “solicitar a la autoridad de aplicación la detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas cuando fuere necesario para el esclarecimiento de la infracción”.

En la misma resolución, la secretaría a cargo de Guillermo Moreno le había fijado un plazo de “24 horas para restablecerle el servicio a todos aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios” establecidos por Comercio Interior.

El 24 de enero (según indica Maldonado en la carta que se adjunta), Cablevisión envió una cuadrilla al domicilio de  Mirta Maldonados y le restableció el servicio respetando la calidad y las condiciones pactadas originalmente con la empresa, como establece la normativa oficial.
Una alta fuente de Comercio Interior se mostró satisfecha por el cambio: “Sin lugar a duda es una noticia optimista porque hasta ahora la empresa judicializó cualquier decisión que tomamos”, apuntó.

Por su parte, el titular de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino, destacó que, de confirmarse el cambio de proceder de la empresa, “está sentando un precedente que puede ser aplicado a todos aquellos usuarios que quieran acogerse a pagar la tarifa que estableció la Secretaría de Comercio”.

Según las propias estimaciones oficiales, Cablevisión les cobra $ 160 por mes en lugar de $ 106 a unos 4,5 millones de usuarios que no presentaron ningún reclamo ni queja, lo que le permitió a la empresa del Grupo Clarín embolsar más de $ 1500 millones extras por la diferencia que existe entre los $ 116 y los $ 160 del abono.

La empresa engordó sus beneficios gracias a la presentación de distintas cautelares en la justicia que le permitieron a Cablevisión establecer sus tarifas sin tomar en consideración las resoluciones gubernamentales que determinaban un precio menor para todas las compañías que ofrecen un servicio similar.

Una vez que superó el área administrativa, la pelea entre el multimedios y la Secretaría de Comercio de la Nación llegó a los estrados judiciales con fallos contradictorios en los que algunos jueces le dieron la razón a la empresa y otros magistrados al gobierno.

Lo cierto es que gracias a distintos recursos de amparo,
Cablevisión siguió cobrando la tarifa según su criterio e hizo caso omiso a las resoluciones de la Secretaría de Comercio que fijaban una tarifa más baja.

Más allá de la decisión de Cablevisión de restituir el servicio a Maldonado, Polino sostuvo que el principal problema de fondo que existe en torno de la tarifa de la TV por cable es la existencia de un vacío legal que impide establecer reglas claras que defiendan los derechos de los usuarios.
“Lo que está faltando es una norma legal que le dé al Estado la potestad para fijar las tarifas considerándo un servicio público a la televisión por cable y que también se haga extensivo a la telefonía celular”, destacó Polino.

Ahora sólo resta saber si la actitud que tomó Cablevisión con Maldonado se tranforma en una política empresaria o, por el contrario, continúa judicializando las decisiones que tomá el gobierno nacional.  

Fuente: infonews.com