María Elena Blanco Seco, esposa del comandante Jorge Cécere,  basó su pedido en un informe que sostiene que el avión que cayó a  tierra era considerado material de "desguace" y fue comprado por  Aerolíneas Argentinas a Iberia -una de las empresas que la  controlaba tras la privatización durante el menemismo- por "una decisión  asumida por los miembros de los Directorios de los años 1992/1993".
   
Blanco Seco citó un documento parlamentario firmado por los  legisladores Ariel Basteiro y Jorge Rivas que asegura que "a partir  del año 1993, Bettini fue miembro del directorio de Aerolíneas  Argentinas en representación del Estado español".
   
El pedido de indagatoria fue formulado al juez federal Marcelo  Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por  la caída de la aeronave, ocurrida el 10 de octubre de 1997.
   
Según una investigación de la viuda, considerada "atendible"  en febrero del año pasado por la Cámara del Crimen porteña, el  avión que se precipitó a tierra en medio de una tormenta por una  supuesta falla mecánica había sido comprado tres años antes por Austral  a Iberia, en una suerte de "autoventa" de un avión que estaba  para enviar a desguace.
   
Uno de los ex directores de Aerolíneas Argentinas, Horacio  Pedro Fargosi, reconoció en el expediente que la compra de los  aviones "fue una decisión asumida por los miembros de los Directorios de  los años 1992/1993"    

La presentación de Blanco Seco invoca el Proyecto de  Resolución 2893-D-04 firmado el 20 de mayo de 2004 por los diputados  Basteiro y Rivas pidiendo al Poder Ejecutivo "que se abstenga de enviar  al Honorable Senado de la Nación la propuesta de designación del  señor Carlos Bettini Francese como embajador de la República  Argentina ante el Reino de España".
   
El documento sostiene que "a partir del año 1993, Bettini fue  miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas en representación  del Estado español. Primero fue delegado del Instituto Nacional de  Industrias y, luego, de su continuidad jurídica, la Sociedad  Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esa fue, justamente,  la etapa en la que se profundizó el proceso de vaciamiento de la  línea aérea de bandera, hasta dejarla al borde de la quiebra".
   
Siempre según el documento firmado por los legisladores  cercanos al kirchnerismo, "la salida de Bettini del directorio de  Aerolíneas Argentinas coincidió con la crisis de 2001, que llevó a la  empresa a un estado de virtual cesación de pagos que, luego,  desembocó en el pedido de convocatoria de acreedores".
   
"El Estado español que representaba Bettini también exigía que  la Fuerza Aérea flexibilizara en su exclusivo beneficio las  normas de seguridad -una regla de oro de la actividad aerocomercial-,  con lo que demostraba su desprecio por la vida de los pasajeros y  exponía al país a sanciones de los organismos internacionales  reguladores del tráfico aéreo", añade.