>> 2012-02-03 | 09:50:00Internacional

Perú: Derechos Humanos investiga caso de tortura de la era Fujimori

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de una persona detenida ilegalmente y sometida a torturas en Perú durante el primer mandato del actualmente encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.

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El caso 11.769, a cuya demandante la CIDH sólo identificó con la inicial J por solicitud de la interesada, fue remitido a la Corte IDH el 4 de enero pasado, al considerar que el Estado peruano "no cumplió con las recomendaciones" que la Comisión le había hecho.

El expediente analiza la detención ilegal y arbitraria de J y los registros domiciliarios que se realizaron el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes, según la CIDH, "incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación sexual de la víctima".

El detenido fue trasladado a la sede de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, donde fue privado de la libertad "sin control judicial y en condiciones inhumanas" durante 17 días, consignó la agencia de noticias DPA.

La CIDH consideró además que durante el proceso de J por presuntos delitos de terrorismo, bajo el decreto-ley 25.475, se cometieron "violaciones al debido proceso y al principio de legalidad e irretroactividad".

Aunque J fue absuelta en junio de 1993, tras lo cual abandonó Perú, a fines de ese año la Corte Suprema de Justicia "sin motivación declaró nula la absolución, disponiendo un nuevo juicio" y desde entonces la víctima sigue bajo proceso y con una orden de captura internacional en su contra, dijo la CIDH.

En su informe de fondo sobre el caso, la CIDH concluyó que el Estado peruano es "responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad y a la vida privada y familiar, y protección judicial, en perjuicio de J".

Se trata del tercer caso de la época de Fujimori que la CIDH envía a la Corte IDH desde diciembre pasado.

Los otros dos son el de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, similar al de J, y el de los comandos que en abril de 1997 rescataron a 71 personas que desde hacía cuatro meses habían sido tomadas como rehenes en la sede de la embajada japonesa en Lima por 14 terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

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