El diario - Primera Edición

La Corte Suprema de Justicia sentó a través de un fallo un piso para las jubilaciones no podrá ser inferior al 70% del sueldo promedio del trabajador al momento de retirarse de la actividad, bastante lejos del cálculo del Gobierno nacional por el que un empleado con 30 años de aporte cobra aproximadamente la mitad del salario promedio de los últimos años.
El Máximo Tribunal estableció ese criterio al rechazar la apelación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en el caso de José Betancur, ex jefe de servicios de YPF en Salta, que se jubiló en el año 2000 y efectuó un reclamo en tal sentido.
"Es algo grandioso para todos los jubilados", expresó Betancur en declaraciones a radio La Red. "Mi abogado me dijo que tuviera paciencia, y al final salió."
El documento de la Corte, que fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, objeta la apelación de la Anses porque "no cumple con el requisito de fundamentación".
El organismo había refutado un fallo de la Sala III de la Cámara, que tenía las rúbricas de Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente.
Con este fallo, la jubilación de Betancur pasará de 2881 a 7747 pesos, más la retroactividad y la movilidad que se estableció con el caso Badaro.
La sentencia crea un nuevo beneficio denominado "suplemento por sustitutividad", basado en el porcentaje de la jubilación según los índices del fallo Ellif, que calcula sobre Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) entre enero de 2002 y diciembre de 2006.
Para fundamentar su fallo, los jueces sostuvieron que la jubilación es una "consecuencia" del salario que percibía el trabajador "razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad".
La sentencia de la Corte llega en momentos en que existe máxima tensión entre el Máximo Tribunal y la Anses. A mediados del mes pasado, se conoció que el cuerpo de jueces que preside Lorenzetti intimó al organismo gubernamental para que explique cómo invierte los casi 160.000 millones de pesos que administra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con el cual financia gastos y programas de la Casa Rosada.