16/05/2010 | 21:00 - Politica y Economia

Cada vez se desvirtúa más el fin social del Iprodha

• Al menos el 20% de la población misionera no cuenta con herramientas de acceso a la vivienda social del Instituto • Miles de familias en listas de espera sin respuesta •

POSADAS. Una lista de 60 mil familias inscriptas a la espera de soluciones habitacionales de parte del Estado provincial no representa uno de los mejores indicadores sociales que se puedan mostrar de una gestión. Quiere decir que al menos el 20% de la población no cuenta con las herramientas necesarias para satisfacer por sus medios propios las necesidades de vivienda, y por ello se aferra al auxilio que pueda llegar desde los burocráticos brazos del aparato estatal, en el caso puntual de Misiones, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Provincial (Iprodha), uno de los organismos más eficientes en la política provincial de los últimos años, pero que ha venido tomando algunas modificaciones en su funcionamiento que han marcado un discreto pero importante desvío en sus fines originarios.
Actualmente, y así lo interpreta gran parte de la población que aguarda en la lista, se han endurecido los requisitos, sobre todo el de los ingresos económicos, se han puesto diversas trabas, y la prioridad central pasó a ser el recupero de la inversión, mucho antes que la satisfacción de las necesidades habitacionales a los focos vulnerables de población. Esto queda demostrado en las declaraciones de los funcionarios del organismo, ante cada micrófono que se acerca, al señalar que “el Iprodha es uno de los entes que mejor recupero de cuotas tiene en todo el país”. Muchos ya comparan al ente con alguna férrea empresa privada, que abiertamente rechaza compara los ingresos antes de elegir a su adjudicatario y cuenta con un ejército de abogados listos para ejecutar acciones ante los primeros incumplimientos.
Vale mencionar que en el interior se ha iniciado hace algún tiempo la construcción de viviendas para tareferos, uno de los sectores marginales, pero Posadas sigue concentrando la mayor demanda, y es donde más se nota la variación en la actitud del organismo, en cuanto al otorgamiento de los beneficios.

Polémica resolución
La polémica resolución 116/90 además señala que “por Ley Provincial 943/78, artículo 2, el Instituto constituye una entidad autárquica con individualidad jurídica, administrativa y financiera, y por Ley Nacional 24.130, artículo 2, inciso d, detenta facultades de orden reglamentario (…) a través de resoluciones posteriores, se establecerán los montos de capital a recuperar como también la modalidad de cobro de cuotas”. Es decir que los contratos ya firmados podrán ser modificados por resolución del directorio.
Un importante sector de la sociedad ha percibido estos cambios en la actitud del organismo, que en los últimos años se ha volcado a priorizar la atención de las necesidades de los sectores que pueden cumplir con el compromiso, por encima de las familias más vulnerables. Esto pese a que los costos de la mayoría de las viviendas que se construyen tienen la mitad del costo cubierto por el Gobierno nacional, que envía los fondos a través del Plan Federal de Viviendas.
Otro signo que causa malestar es la entrega de viviendas a “amigos” y allegados al poder, incluso a funcionarios y parientes de funcionarios, que por sus niveles de ingreso y de vida, lejos están de padecer necesidades como para desplazar a algunas de las 60 mil familias que esperan, con justa razón, tener un techo propio. Uno de los casos, por ejemplo, es la vivienda en el barrio Terrazas, de Itaembé Miní, que habita el vicepresidente del IPS, Luis “Coco” Gómez, y la ex diputada y actual subsecretaria de Cultura, Griselda Martínez 

 

Los cambios que perjudican a la gente
Puntualmente son tres los cambios, que se dieron en un período comprendido entre los últimos 18 meses, tomados por el Directorio, cuyos detalles se describen a continuación.
1) Aumento de las cuotas al ritmo de la inflación: el Directorio decidió el año pasado, a través de la resolución 116/90, elevar paulatinamente los costos al ritmo que lleven los índices de materiales de construcción: “Como consecuencia de los distintos incrementos de precios de materiales, fletes y mano de obra, producidos durante el período comprendido entre los meses de enero de 2009 y agosto de 2009, resulta necesario establecer una readecuación de precios que posibilite la operatividad del programa citado (Mejor Vivir) tanto en el ámbito urbano como rural de Misiones”, indica el documento. En el mismo sentido, la resolución establece que “todo lo referente a montos de capital y recupero de cuotas, se establecerá a partir de Resoluciones de Directorio de Iprodha que se dictaran a esos efectos”. Esta medida explica en parte los dos últimos aumentos que se decidieron en diciembre de 2009 y diciembre de 2008, afectando incluso a adjudicatarios con contratos firmados en los cuales se establecía un número definitivo de cuotas “fijas y en pesos”. El fin social y solidario, que por creación tiene el Iprodha, no alcanzó para absorber las variaciones inflacionarias macro económicas contemporáneas; y así entonces los adjudicatarios, en lugar del Estado, deben responder con los mayores esfuerzos.
2) Criterio de entrega: se priorizan los sueldos más altos. Dos funcionarios con altos cargos dentro del organigrama del Iprodha confirmaron a PRIMERA EDICION que desde el año pasado se cambió el criterio de entrega de viviendas.
De acuerdo a esas explicaciones, el nuevo criterio, por ejemplo, para un barrio de 200 viviendas, es el siguiente: se inscriben 300 personas y luego se eligen los 200 con mejores ingresos salariales.
Es decir, se quiere asegurar el recupero, dejando de lado el criterio de necesidad o los fines solidarios. Anteriormente, el Instituto lo que hacía era inscribir 300 personas (para el mismo barrio de 200 viviendas) y realizar un sorteo para definir las adjudicaciones.
3) Casas más caras: para profesionales y empresarios. La “inmobiliaria” Iprodha además apunta a sectores sociales medios, compuestos por profesionales y pequeños empresarios, con valores abismalmente superiores a los que puede gran parte de esas 60 mil familias inscriptas que esperan soluciones habitacionales.
Semanas atrás por ejemplo se lanzó el barrio Costa Porá, destinado a un selecto grupo de ciudadanos en condiciones de hacer una entrega promedio de 15 mil pesos y pagar mensualmente una cuota que ronda entre los 900 y 1.100 pesos, según anticiparon desde el organismo.
Estará ubicado en una zona codiciada, por su ubicación estratégica, a metros de la costa del río Paraná y pocos minutos del centro de Posadas, en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem y Jauretche. Según explicaciones que semanas atrás realizó el gerente del Iprodha, Juan Carlos Descotte, en declaraciones a un canal local, “el Iprodha financia una parte y la constructora financia otra parte”.
“Apuntamos a una casa mejor para que puedan acceder aquellos de clase media, matrimonios jóvenes, pequeños empresarios, profesionales”, explicó el gerente.
Agregó que el costo se eleva por “la ubicación de los terrenos, muy caros, no es lo mismo Cocomarola, que Jauretche y Alem”. 

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