POSADAS. El diputado provincial Claudio Wipplinger (PRO) ingresó el pasado jueves en la Legislatura un proyecto de comunicación, elaborado por el equipo técnico del PRO Misiones en forma conjunta con familiares de personas que padecen algún Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD) y profesionales que trabajan sobre tal problemática, coordinados por el ingeniero Víctor Kreimer. La iniciativa dirigida al Poder Ejecutivo, procura “obtener la respuesta que necesita un sector de la población que convive con una situación difícil e injusta, originada en la deficiente aplicación de políticas públicas”.Las personas afectadas por un TGD, incluyendo dentro de tal categoría al Trastorno Autista, Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno de Asperger, Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (Incluyendo Autismo Atípico), así como cualquier otro síndrome o trastorno reconocido como dentro del “Espectro Autista”, presentan cuadros que cumplimentan las características enunciadas por la legislación para definirlas como “discapacidades”, pero con algunas particularidades, como las relacionadas a la ausencia de síntomas o características físicas. El Estado, algunas veces por no contar con recursos suficientes y muchas otras por no destinar a este tema los recursos necesarios, tampoco atiende de la manera correcta las necesidades de tratamiento, inclusión educativa, contención social y de inserción laboral que estas personas necesitan. Según el equipo técnico del PRO, “si bien las personas afectadas por TGD debieran estar absolutamente amparadas por los beneficios que la legislación provincial vigente prevé para personas discapacitadas, dadas las situaciones que dificultan su diagnóstico, muchas veces el problema ni siquiera llega a detectarse y cuando se detecta no se realiza en el momento más adecuado para un tratamiento eficaz”.A partir del diagnóstico deficiente se carece de estadísticas ciertas, “que permitan cuantificar la real magnitud del problema en nuestra población, dato a partir del cual se podrán desarrollar las políticas de tratamiento, contención e integración social más adecuadas”.El proyecto de comunicación presentado solicita la implementación de varias medidas concretas, orientadas a corregir las situaciones anteriormente señaladas, que el Ejecutivo  debería instrumentar de inmediato para comenzar a paliar la grave situación actual, donde si bien las leyes existen, “por conveniencia u omisión los afectados suelen ser dejados de lado, y dependen, casi de manera exclusiva, de las posibilidades con que cuenten sus familias”.“En nuestra provincia hay casos de personas dependientes del sistema público de salud que padecen TGD y no reciben tratamiento adecuado, y otras que, dada la inadecuada atención que recibe el tema y la variedad de cuadros y condiciones personales, podrían ni siquiera saber que lo padecen”, afirmaron.   Qué debería hacerseSegún el proyecto legislativo, el Estado debería:- Establecer como examen pediátrico obligatorio la realización de los tests de detección temprana necesarios para la identificación de niños que presentan indicios de estar afectados por un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).- En caso de resultados positivos, tanto como en el caso de eventuales diagnósticos derivados de la observación clínica, disponer la correspondiente derivación a especialistas para completar el diagnóstico.- Establecer la introducción en las historias clínicas de un campo o casillero con respuesta obligatoria, que indique los resultados obtenidos los puntos anteriores.- Elaborar los controles estadísticos conducentes a cuantificar la incidencia de resultados positivos en los tests realizados, tanto como los diagnósticos derivados de la observación clínica, de casos de Trastornos Generalizados del Desarrollo y de todo trastorno o síndrome reconocido como dentro del Espectro Autista.- Asegurar el goce, para todas las personas que a la fecha padezcan un Trastorno Generalizado del Desarrollo y de todo trastorno o síndrome reconocido como dentro del Espectro Autista, y para quienes sean eventualmente diagnosticados con tales cuadros, de todos los beneficios previstos en la legislación específica para protección, tratamiento, contención e inclusión social de personas discapacitadas.