POSADAS. El Estado provincial deberá explicarle a la Justicia Federal, si avanza en la investigación, cuál fue el destino de los 91 millones de pesos que el Gobierno nacional envió a la provincia para que el Instituto de Previsión Social (IPS) procediera al saneamiento de algunas cajas, entre ellas la de los policías misioneros.Así como el Gobierno esconde bajo siete llaves cual es el pasivo del Instituto, de igual modo habría repartido el millonario envío, salvando a ministerios y entes con problemas, menos al IPS. Ahora, la verdad sobre el camino que siguieron los fondos deberá establecerla la Justicia, especialmente el fiscal Federal local, quien debe admitir o rechazar la presentación.Pero del lado de los denunciantes, aseguraron a PRIMERA EDICIÓN que la denuncia formulada la semana pasada es apenas el principio de decenas de presentaciones que realizaría en forma independiente un grupo de retirados policiales.Cambio de cajaEl comisario mayor retirado  Ramón Alberto De Lima confirmó a este Diario que fue en persona el viernes hasta los tribunales federales con asiento en Posadas y se convirtió en el primer denunciante judicial de los 91 millones que supuestamente fueron transferidos a las arcas provinciales desde la Nación.“Se hizo en la Justicia Federal, por un convenio firmado entre la Provincia y la Nación para el envío de un dinero que tenía como destino subsanar falencias en las cajas previsionales. En octubre del año pasado, el Gobierno admitió que había 91 millones de pesos en la cuenta de la Tesorería, correspondiente a ese convenio, pero lo derivaron hacia distintos estamentos del Ejecutivo, en lugar de destinarlos al IPS, que era el lugar específico del convenio. Tampoco lo hicieron con posterioridad, lo único que hicieron fue reconocer que el dinero estaba y luego por decretolos repartieron hacia distintos ministerios y subsecretarías”, dijo.Según De Lima, “El fin original estaba en el convenio, refiriendo directamente las diferencias de las cajas previsionales”.Siempre en forma individual, “van a seguir lloviendo denuncias”, confirmó De Lima.El jueves por la tarde habrá una reunión de los retirados policiales para resolver más medidas, entre ellas posibles denuncias similares en los estrados provinciales.
Aumento general no particularDe Lima confirmó que desde agosto percibieron el aumento general del 10% decretado por Closs para todos los pasivos del IPS, “pero no así el 11% que nos había prometido específicamente para los policías retirados”, que se comprometió al levantarse la carpa de protesta frente a la Jefatura de Policía, explicó. 

Legislatura: piden informesEl diputado provincial Julio Ifrán (PeFed) pidió que la Legislatura solicite informes al Gobierno para conocer “si es cierto que por decreto PEN 193/09 se ordenó la transferencia por parte de la Anses a la cuenta de la Tesorería General de la Provincia de Misiones 23/9 Banco Macro de esta ciudad, la suma de 91 millones de pesos destinados al Financiamiento del Régimen de Retiros y Pensiones para el Personal Policial y del Servicio Penitenciario Provincial”. Además, “si es cierto que el Gobernador dispuso la incorporación al presupuesto provincial de los fondos y los distribuyó de la siguiente forma: Gobernación 2 millones, Ministerio de Gobierno 1,5 millones, Secretaría de Hacienda 4,2 millones, Ministerio de Bienestar Social 5 millones, Ministerio de Salud Pública 6 millones, Ministerio de Educación 1,1 millón; Amortización pago deuda e intereses 43,6 millones, Obras y Servicios Públicos 28,6 millones”. Y, finalmente, “si el Gobernador de la provincia ignoraba que la transferencia de los 91 millones tenía como destino exclusivo y excluyente el Financiamiento del Régimen de Retiros y Pensiones para el personal Policial y del Servicio Penitenciario Provincial, por así determinarlo la cláusula 12 del Convenio Compromiso Federal, suscripto por la Anses y el Gobierno de Misiones”.