BUENOS AIRES (NA). El Gobierno reglamentó ayer la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y apura la puesta en marcha del plazo de un año de adecuación para que los multimedios se desprendan de señales en caso de que excedan la cantidad máxima permitida, pese a que esa cláusula está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia.A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo precisó los alcances de la norma aprobada en octubre en el Congreso y otorgó amplias facultades a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), encabezada por Gabriel Mariotto.En los hechos, el decreto presidencial busca apurar el traspaso de señales de grupos multimedios afectados por la norma, como Clarín, antes de las elecciones previstas para octubre de 2011. El decreto establece criterios para la aplicación de la llamada “cláusula de desinversión” (artículo 161), que se encuentra suspendida a raíz de una presentación del Grupo Clarín y está bajo análisis de la Corte Suprema, aunque resta que la AFSCA dicte su resolución con las condiciones específicas de transición para que comience a regir el plazo de un año.“Después veremos lo que decida la Corte, pero el instrumento que es una resolución que va a dictar la Autoridad de Aplicación, lo vamos a hacer inmediatamente”, subrayó Mariotto tras conocerse el decreto.En los criterios que serán base de esa resolución sobre el artículo 161, se dan varias posibilidades a los propietarios de medios que deban desprenderse de señales y se establece como límite la “transferencia de oficio” a cargo de la AFSCA y “a los efectos de la adecuación en caso de que los titulares de licencias no dieran cumplimiento a las disposiciones de la ley en los plazos previstos”.La primera de ellas es, sin embargo, la “adecuación voluntaria”, por la que aquellos que no reúnan los requisitos previstos por la ley, que sean titulares de una cantidad de licencias mayor a la permitida o que tengan una composición societaria diferente podrán presentar una declaración jurada a través de la cual “propongan la regularización de su situación”.Otra posibilidad prevista por el decreto es que la Autoridad de Aplicación constate “de oficio la efectiva adecuación a las disposiciones” de la norma y también permite la “transferencia de licencias”.Tras la publicación del decreto, Mariotto reconoció que la Corte Suprema aún debe “fallar al respecto por un recurso que presentó el Grupo Clarín”. La causa en manos de la Corte fue iniciada por el Grupo Clarín por supuesta “pérdida patrimonial” y avalado en primera y segunda instancia: la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo del juez Edmundo Carbone y remarcó que este artículo “afecta derechos adquiridos” y obliga a las empresas a una “desinversión forzada”.